Carmelo lleva 6 años con el piso ocupado.
Carmelo, pensionista y con su piso ocupado: "Antes el alquiler me ayudaba con la pensión, ahora pierdo 350 euros al mes"
El pago de suministros supone un coste adicional al calvario que Carmelo vive desde hace más de seis años.
Más información: Si no has cotizado lo suficiente para jubilarte, esta es tu alternativa: aún puedes recibir una ayuda de 568 euros al mes
La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los problemas más controvertidos del mercado inmobiliario en España.
Aunque el debate público suele centrarse en casos extremos, una parte significativa de los afectados son pequeños propietarios particulares.
Muchos de ellos son personas mayores que, en su momento, compraron una segunda vivienda como una forma de asegurar su futuro, ya fuera para alquilarla o para disfrutarla tras la jubilación. Sin embargo, hoy se enfrentan a un problema inesperado: el miedo a la ocupación.
Una respuesta insuficiente
El procedimiento para recuperar una vivienda ocupada varía según las circunstancias, pero por lo general puede demorarse entre seis meses y más de un año. En ese tiempo, el propietario no percibe renta alguna, pero sigue asumiendo gastos como el IBI, las cuotas de comunidad o los suministros.
Además, si los ocupantes alegan vulnerabilidad social, el proceso se puede alargar aún más, ya que entra en juego la intervención de servicios sociales y la posible paralización del desalojo.
Carmelo, de 71 años, pensionista y vecino del barrio de Hortaleza, en Madrid, ha compartido su testimonio en el programa de televisión Espejo Público. Durante años, el alquiler de su vivienda le permitió complementar una pensión que considera insuficiente.
Sin embargo, lo que comenzó como una solución para lograr cierta estabilidad económica, pronto se convirtió en una fuente constante de preocupación.
"Esto me supone un quebranto económico inmenso y sobre todo, un quebranto emocional por la duración que está teniendo esta situación tan inesperada", explica Carmelo, visiblemente afectado.
Lo que antes era una ayuda, ahora representa una pérdida constante. A pesar de haber recurrido a vías legales para recuperar su vivienda, el proceso avanza con lentitud y sin una solución a corto plazo.
"Ha pasado de ser una ayuda y un complemento a mi pensión, a suponer un detrimento de alrededor de 350 euros al mes", relata Carmelo.
Y es que, aunque lleva años sin recibir ingresos por la vivienda, continúa pagando los suministros, mientras que en los primeros meses intentó llegar a una solución negociada con los ocupantes.
"Estuve tratando de negociar durante algunos meses. Posteriormente, el abogado que lleva mi caso también lo intentó", afirma. Sin embargo, todas las vías informales se agotaron y, sin otra alternativa, el caso terminó en manos de la justicia.
Desde entonces, el proceso ha sido largo y lleno de obstáculos. "Llevo ya seis años desde que empezaron a dejar de pagar la renta, cinco en procedimiento judicial", relata. Durante ese tiempo, el desalojo ha sido suspendido en repetidas ocasiones. "Se ha paralizado el desahucio hasta siete veces, con las correspondientes prórrogas que se han concedido", detalla.
Uno de los principales motivos de estas suspensiones ha sido la declaración de vulnerabilidad de una de las personas que residen en el piso.
"Alquilé la vivienda a dos señoras con hijos mayores, y a una de ellas se la ha declarado vulnerable. Desde entonces, aunque en la vivienda residen entre cinco y siete personas en edad laboral, la situación de vulnerabilidad persiste", cuenta Carmelo.
Mientras tanto, Carmelo continúa esperando una resolución judicial que le permita recuperar su propiedad. La incertidumbre, el desgaste emocional y la pérdida económica se han vuelto parte de su día a día.
Su caso refleja una realidad que afecta a muchos propietarios en España: procedimientos judiciales prolongados, prorrogados por normativas de protección y la falta de soluciones ágiles.
